Actividad aseguradora y defensa del consumidor
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Miércoles, 20 de octubre de 2010
El Cronista - Argentina - Seguros - Circulación: 47000

Actividad aseguradora y defensa del consumidor

OPINIÓN Por Ramón P. Massot, socio Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Lounge
Actividad aseguradora y defensa del consumidor
Las empresas aseguradoras, como los abogados que tenemos como tarea su asesoramiento, estamos obligados a mantenernos siempre
actualizados, en materia de aquellos cambios o nuevas propuestas en el campo jurídico que, de un modo u otro, pueden tener un impacto en la
actividad.

Entre los días 23 y 25 de septiembre pasado, se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el III Congreso
Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores, que resultó un éxito, no sólo por su organización y la cantidad y calidad de sus
participantes, sino también por la riqueza y diversidad de las ponencias presentadas.

Ya tenemos suficiente experiencia respecto a la aplicación concreta por nuestros Jueces, en cuanto a la Ley de Defensa al Consumidor (Ley
24.240 reformada por Ley 26.361), en materia aseguradora como también de los conflictos que muchas veces se generan por la colisión con
normas propias de la Ley de Seguros nº 17.418 y -en especial- de la Ley de Entidades de Seguros y su Control, nº 20.091. Resulta evidente que
toda la normativa, interpretaciones y propuestas relacionadas con el consumidor y el contrato de seguro deben ser objeto de nuestra
preocupación. Si bien son muchas las cuestiones abordadas, que pueden afectar al asegurado como consumidor, lo cierto es que las
conclusiones de dos de las comisiones de trabajo merecen nuestra especial atención.

En primer lugar, resultan de importancia las conclusiones de la Comisión nº 9 "El Contrato de Seguro y la Relación de Consumo", como queda
evidenciado por el tema central de análisis de dicha comisión. La misma abordó varios temas, siendo el primero y principal, la aplicabilidad o no
de la Ley de Defensa al Consumidor, al contrato de Seguro. Como en los demás temas en discusión, no se obtuvo mayoría en la conclusión, pero
se evidenciaron tres claras posturas: a) l
a defendida por Dr. Domingo López Saavedra, que rechaza totalmente la aplicación de dicha Ley al contrato de seguro; b) la opuesta, que
sostiene que es aplicable en su totalidad sin límite alguno, postura esta defendida por el Dr. Waldo Sobrino, y una propuesta intermedia de la Dra.

Compiani, defendiendo la aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor, en aquellos casos en los que se trata realmente de un consumidor final
de bienes o servicios.

La jurisprudencia ha incorporado la Ley de Defensa al Consumidor en el análisis de cuestiones relacionadas con el contrato de seguro. En
reiterados casos, ha hecho prevalecer el término de prescripción del art. 58 de la Ley de Seguros 17.418 (un año) sobre el que establece la Ley
de Defensa al Consumidor en su art. 50 (tres años). Por nuestra parte y coincidiendo con los argumentos del Dr. López Saavedra, no podemos
dejar de señalar la especialidad de la Ley de Seguros 17.418 y de la Ley 20.091, y la facultad de control exclusiva y excluyente otorgada a la
Superintendencia de Seguros de la Nación (cfr. arts. 1º, 8º último párrafo y 64 de dicha ley). Sin perjuicio de ello, es dable reconocer el embate
doctrinario que recibe esta posición, lo que obliga a tener presentes - a los fines de resguardar los intereses de las empresas aseguradoras- las
normas de la Ley de Defensa al Consumidor al analizar los contratos de seguro y las operatorias comerciales de los aseguradores.

Otro de los temas volcados en las conclusiones fue la ponencia de los colegas, Dres. Baeza, Magula y Schiavo, relacionada con el
cuestionamiento a la cláusula de suspensión automática de la cobertura por falta de pago de la prima. Esta cuestión tiene todas las apariencias
de que seguirá evolucionando, pudiendo augurarse que estamos ante la apertura de un debate técnico y jurídico que recién comienza.

Como tema de carácter general pero que necesariamente impactará en el seguro, debe también ponerse atención en la evolución del concepto
de daño punitiv
o, cuyo tratamiento fue objeto por parte de la Comisión nº 5 "Principios de Prevención. Daños Punitivos". La regulación legal del daño punitivo se
encuentra en el actual artículo 52 bis de la Ley de Defensa al Consumidor, que faculta al juez a aplicar una multa civil al proveedor que no cumpla
con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. La multa tiene como tope la suma de $ 5 millones. Su finalidad es disuadir al
proveedor respecto a la repetición de determinadas conductas y que no deben vincularse al daño concreto ocasionado al actor.

Con relación al límite de la sanción, uno de los temas tratados por la comisión y receptado como conclusión por la mayoría, consiste en la
liberación del monto máximo establecido por el art. 52 bis en concordancia con el art. 47 inc. b de la Ley de Defensa al Consumidor. Asimismo, se
propuso por unanimidad, tanto que el consumidor pueda solicitar la imposición de ésta sanción en cualquier momento del proceso, como la
aplicación de oficio de la multa por parte del Juez -sin petición de parte- por estar involucrado el orden público.

Estos temas ya se encuentran instalados y, por ello, deben ser objeto de nuestra especial atención.