Problemática de la Nueva ley de riesgo Laboral
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Lunes, 18 de enero de 2010

El Cronista - Argentina - Opinión - Circulación: 47000

Problemática nueva ley de riesgo laboral

Problemática nueva ley de riesgo laboral

Diego Silva Ortiz Socio de Silva Ortiz, Alfonso, Pavic & Louge, Abogados ()

Cuando se sancionó la Ley de Riesgos del Trabajo (ley 24.557), promulgada en el mes de octubre de 1995 existía un consenso generalizado respecto de la situación de crisis terminal del régimen anterior y de los problemas que habían llevado a ese estado de cosas. Entre las principales causas, había consenso en destacar la extraordinaria judicialización y la imprevisibilidad resultante. Las demandas se multiplicaban y, con ellas, los abusos hasta llegar a los reclamos masivos de empleados de una misma empresa, alegando todos padecer las mismas dolencias al mismo tiempo. Se suele recordar como ejemplo el caso de los 10.000 reclamos por hipoacusia que recibió una empresa frigorífica en Santa Fe y el daño que se produjo a la actividad industrial como consecuencia de las quiebras resultantes. El reasegurador estatal (INDER) llegó a acumular pérdidas tan grandes que concluyó por rescindir los contratos de reaseguro automático sobre una serie de empresas, privándolas (como a sus trabajadores) de toda posible cobertura. Frente a este estado de cosas, la ley 24.557, con todos sus defectos, pretendió dar una solución integral al problema. La más controvertida de sus disposiciones fue, justamente, la que pretendía cerrar la puerta a los juicios. Así se estableció la ausencia de responsabilidad civil del empleador (art. 39), y la creación de un mecanismo administrativo ante Comisiones Médicas (art. 21), en reemplazo de la actuación de los tribunales. La combinación de estas normas supuso la imposibilidad legal de acceder a la justicia en forma irrestricta. En otras palabras: la ley 24.557 aceptó que el problema más grande estaba en la administración de justicia, pero en lugar de sincerarlo, decidió esconderlo. Finalmente, se produjeron los pronunciamientos de la Corte que declararon la inconstitucionalidad de esta prohibición de acceder a los tribunal es, decisión profetizada en 1995, en el mismo recinto en el que se discutía la ley por el diputado Durañona y Vedia. Después de estos fallos de la Corte, se iniciaron más de 100 mil demandas. La tasa de crecimiento anual de juicios supera el 56 %, según información de la Unión de ART (UART). Han vuelto los reclamos masivos, multiplicados por la tecnología ahora disponible. Lo que desnuda la causa del problema es la simple comprobación de que mientras ocurre toda esta explosión de reclamos, la tasa de producción de accidentes no ha variado.Aceptémoslo, más allá de los defectos estructurales del sistema vigente y de las cuestiones siempre perfectibles de un régimen especial, hay mucho que mejorar en la administración de justicia. El problema no son los reclamos por accidentes o enfermedades reales, sino los errores de toda índole y los fraudes que se filtran en el sistema judicial. Hay un problema en el método al que recurren los tribunales para evaluar si una enfermedad está o no causada por el trabajo. Hay una completa falta de uniformidad para medir las consecuencias del daño, que puede resultar en que un trabajador obtenga 100 o 0 según el número que saque en la lotería judicial. Hay un problema derivado de la desconexión entre los tribunales y la autoridad administrativa. Hay un problema grave en muchos jueces laborales cuando deben aplicar normas propias del derecho civil. Hay un problema originado en las tasas de interés que se aplican en algunas jurisdicciones, que transforman un reclamo resarcitorio en una inversión financiera. La lista podría continuar y muchas cosas podrían corregirse, sin afectar las funciones y potestades que del poder judicial. En este escenario se produce la firma del decreto 1694/2009, que en lo sustancial, aporta una enorme modificación de las prestaciones dinerarias, invirtiendo los topes y convirtiéndolos en piso mínimo. En los considerandos del decreto se hacen varias menciones a la jurisprudencia reciente, pero ninguna a la enorme litigiosidad actual como un problema en sí mismo. Es cierto que la discusión tiene muchas aristas pero los juicios casi nunca tienen otro propósito que el de reclamar dinero. Así las cosas, el simple incremento de las prestaciones dinerarias, sin más, tendrá el efecto de fogonear los juicios, antes que desalentarlos. A menos que se encuentren soluciones de fondo, el costo laboral está camino a volver a ser, como lo era, el más alto del mundo.